La denuncia contra Abel Furlán pasó del Juzgado Laboral N°1 a la Justicia Federal y continúa bajo investigación
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En las últimas horas, algunos medios de Campana difundieron información señalando que la Justicia habría rechazado una denuncia contra el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán. Sin embargo, la situación judicial es distinta: la causa no fue descartada, sino que pasó del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°1 al fuero penal federal, que es el ámbito competente para investigar este tipo de delitos.
La resolución que fue citada corresponde al juzgado laboral a cargo de la jueza María Romina Cañete, quien el pasado 12 de marzo determinó que el planteo excedía la competencia de ese fuero. En su resolución, la magistrada señaló que el pedido de investigar posibles delitos como defraudación o asociación ilícita “desborda el límite objetivo de la competencia material” del tribunal laboral.
Esto significa que el juzgado no analizó el fondo de la denuncia ni determinó si existieron o no irregularidades, sino que simplemente resolvió que ese tipo de investigación corresponde al fuero penal.
En paralelo, la causa avanzó en la Justicia Federal. El Ministerio Público Fiscal de la Nación impulsó la acción penal en el expediente N° 798/2026 por presunta defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita.
El requerimiento de instrucción fue presentado por el fiscal federal Eduardo Raúl Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3. En esta etapa inicial de la investigación aparecen como imputados Abel Furlán, secretario general de la UOMRA, y María Soledad Calle, vinculada a la empresa USEM S.A.
Según surge de la denuncia, se investiga un contrato mediante el cual se habría cedido a esa empresa el control operativo y financiero de una parte de los aportes sindicales de los afiliados metalúrgicos. El acuerdo contemplaría honorarios equivalentes al 0,5% de lo recaudado por cuota sindical, lo que —según la presentación judicial— representaría montos millonarios mensuales.
Ante estas circunstancias, la fiscalía consideró que corresponde avanzar con la investigación penal para determinar si existieron maniobras irregulares en la administración de los recursos del sindicato.
En ese marco, la Justicia ordenó diversas medidas de prueba, entre ellas pedidos de información a organismos oficiales y diligencias vinculadas con la empresa mencionada.
Por lo tanto, fuentes judiciales aclararon que la denuncia no fue rechazada ni archivada, sino que actualmente se encuentra en pleno proceso de investigación en la Justicia Federal, el fuero competente para determinar si hubo o no delito.
